En ocasión de
un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, la semana pasada, les
proponía una mirada acerca de los desafíos que tenemos como sociedad en
relación a un principio esencial: la igualdad ante la ley (isonomía). Si bien casi siempre se pone el acento en la creciente
desigualdad material de la Argentina, consideré necesario reflexionar acerca de
la distancia existente entre la letra del derecho y los hechos a partir de algunos
ejemplos bastante concretos. Más precisamente me referí a la población
carcelaria, una obscena muestra de la selectividad con que diversas instancias
del Estado, que incluye jueces, fiscales y policías, actúan sobre determinados
sectores de la población, y a la otra cara de la misma moneda: la impunidad con
que ricos y famosos apadrinados por abogados con enorme capacidad de lobby
sortean una y otra vez las instancias judiciales o reciben tratos
diferenciados.
El poder
político casi siempre fue parte de ese entramado de impunidad pero en los
últimos años el enfrentamiento entre el gobierno y ciertos sectores del
establishment desnudó que las redes de complicidad eran más bien las del poder
judicial con el poder económico que venía acostumbrado a brindar los cuadros
técnicos (cuando no, directamente, los principales referentes de un gobierno) para
ocupar los distintos niveles del Estado.
Así, entonces,
lo que algunos catalogan como una simple pelea de la corporación política y la
corporación judicial es, en realidad, la demostración de que las democracias
modernas siguen, paradójicamente, presas de una casta aristocrática que no se
somete nunca a la voluntad popular y que sin embargo ocupa el poder del Estado
al que, para colmo, rebautizan como un valor: la “justicia”. Se trata de una de
las trampas del sistema de pesos y contrapesos en el que el control de
constitucionalidad está en manos de un Tribunal que en nombre de una esencia
contramayoritaria puede actuar discrecionalmente independientemente de los intentos
transformadores de una mayoría del pueblo que busca, justamente, que todos
seamos un poquito más iguales.
Aclarado el
déficit de isonomía de nuestras
democracias, cabe dirigirse a otro de los principios esenciales de la
democracia que florecía allá por el siglo V AC: la isegoría. Este término refería al uso libre de la palabra en el
marco de la asamblea, uso libre al que todos tenían derecho y era una de las
conquistas igualitarias de esa democracia que, tras un paulatino proceso, llegó
a su más acabada expresión durante el gobierno de Pericles. Como usted puede
imaginar, existe una conexión entre la isonomía
y la isegoría pues la única manera de
garantizar que haya igualdad ante las leyes es que todos los ciudadanos
participen con su palabra en las decisiones que se tomaban en la asamblea, y
puedan ocupar indistintamente diversos cargos algunos de los cuales se elegían
a través del sistema más democrático que hay: el sorteo.
Pero, claro
está, en veinticinco siglos pasaron algunas cosas. Por lo pronto, nuestras
democracias, por diversas razones, se transformaron en indirectas, es decir,
son gobernadas por el pueblo a través de sus representantes, algo que no
ocurría en Atenas donde la democracia era directa y no hacía falta nadie que
nos “(re)presente” porque cada uno, directamente, se “(re)presentaba”.
Esta
delegación en un cuerpo de representantes ha acompañado el proceso que durante
siglos transformó al ciudadano preocupado por lo público en un individuo que
circunscribía sus intereses a su esfera privada apoyándose en una concepción individualista
que aborrecía de la política entendida como participación colectiva. Ese
retirarse de lo público supuso también resignar el uso de la palabra y
depositarlo en otra casta de representantes: los periodistas. Dicho de otro
modo, una nueva capa de intermediarios, ya no elegidos a través del voto
popular sino elegidos en tanto objetos de consumo, se transformó en “la voz del
pueblo”, en los transmisores aparentemente fieles de la expresión que cada uno
de nosotros hubiera llevado a la asamblea. Así, parece que ya no hace falta participar
pues por suerte hay unos individuos que hablan por nosotros y tienen los mismos
intereses que nosotros. Sin duda, si fuese verdad, sería maravilloso: ¿a quién
no le gustaría delegar con plena confianza su palabra, y con ella, sus
intereses, para ocuparse enteramente de los “asuntos privados”? Sin embargo,
del mismo modo que los siglos han demostrado que los representantes que
elegimos para que nos gobiernen muchas veces acaban persiguiendo intereses
contrarios a los de sus votantes, con la prensa comienza a vislumbrarse el
mismo fenómeno de manera más clara que nunca seguramente por, entre otras
cosas, la fuerza inusitada que tienen los medios de comunicación en sociedades
como las nuestras.
Pero lo más
perverso es el mensaje que esos medios instalan pues se presentan como los
únicos garantes de la isegoría, cuando
son, en realidad, los administradores del uso libre de la palabra. Esa
administración que le da la palabra a ciertos sectores en detrimento de otros y
sin embargo dice ser la reserva moral de los ideales democráticos.
De aquí que
sea tan importante la regulación, no de los contenidos, sino de la propiedad de
las licencias de medios de comunicación si es que queremos que nuestra
democracia sea sustantiva y no una mera formalidad. Tal necesidad no ha sido
una ocurrencia de un gobierno ni de un país en vías de desarrollo. Más bien es
una problemática que atraviesa todo el mundo occidental y que tiene mayor visibilidad
en la medida en que hay gobiernos que toman la decisión política de avanzar contra
estos censores privados que muestran que la conquista de derechos civiles y
políticos, por momentos, parece meramente formal.
Para
finalizar, entonces, no se trata aquí de reivindicar el ideal asambleario ni
eliminar todo tipo de intermediación. Tampoco se pretende el regreso a un pasado
ideal (que nunca existió) en el que los hombres eran enteramente públicos y
deliberaban razonablemente en la plaza de la ciudad. Simplemente se trata de pensar
que la mejor manera de garantizar que nuestras sociedades sean menos desiguales
es recuperando algunos de los principios caros a la democracia siempre readaptándolos
a las enormes complejidades de los tiempos y las comunidades en las que nos
toca vivir. Nadie dice que sea inmediato pero han pasado más de treinta años de
la recuperación democrática y tengo la esperanza de que algunas cosas como
sociedad hemos aprendido. Ahora es más fácil que en 1983 porque buena parte del
camino ya se ha hecho. El desafío, ahora, es profundizar el mismo camino.
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